La Fiscalía de Perú ha iniciado una investigación contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Boluarte, por presunto delito de organización criminal. La funcionaria es acusada de haber participado en una red de corrupción que habría operado en la región de Áncash durante los años 2011 y 2014.
Según la investigación, la presidenta del Congreso habría sido parte de un grupo de políticos y empresarios que se habrían beneficiado de manera ilícita de contratos públicos en la región de Áncash. Se acusa a Boluarte de haber sido una de las personas que habría facilitado la ejecución de estos contratos a cambio de sobornos y otros beneficios.
La investigación se inició luego de que se revelara una serie de audios en los que se escuchaba a la presidenta del Congreso hablar con el exgobernador de Áncash, César Álvarez, quien cumple prisión preventiva por el delito de corrupción. En los audios, se escucha a Boluarte ofrecer su apoyo al exgobernador Álvarez, a cambio de beneficios personales.
La presidenta del Congreso, por su parte, ha negado las acusaciones en su contra y ha asegurado que no tiene relación con la red de corrupción que se investiga. Además, ha solicitado que se realice una investigación exhaustiva y que se llegue hasta las últimas consecuencias. «Estoy dispuesta a colaborar con las autoridades y aportar toda la información que sea necesaria para esclarecer los hechos», dijo Boluarte en una declaración pública.
El caso de la presidenta del Congreso ha generado una gran controversia en Perú, donde la lucha contra la corrupción es uno de los mayores desafíos para las autoridades. La investigación contra Boluarte se suma a otros casos de corrupción que han afectado a políticos y empresarios en los últimos años, lo que ha llevado a la ciudadanía a exigir medidas más contundentes contra este flagelo.
En este contexto, la Fiscalía de Perú ha reiterado su compromiso de seguir investigando los casos de corrupción en todos los niveles, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la integridad de las instituciones. «No vamos a permitir que la corrupción siga socavando la democracia y el desarrollo de nuestro país», dijo el fiscal a cargo de la investigación.
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